Conozca los deberes y derechos que tienen tanto el
empleador como el empleado sobre un tema tan recurrente en el trabajo como son
las incapacidades.
El
auxilio por incapacidad se define como el reconocimiento de la prestación de
tipo económico y pago de la misma que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes
no pensionados.
El Ministerio de Trabajó recopiló las principales respuestas a las dudas
que se tienen sobre las incapacidades.
¿Qué es una incapacidad?
El auxilio por incapacidad se
define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la
misma que hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el
tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma
temporal su profesión u oficio habitual.
¿Qué clases de incapacidades existen?
-Incapacidad de origen común
-Incapacidad de origen profesional
¿Quién reconoce el pago de la incapacidad de origen común y cómo se
remunera?
Estarán a cargo de los
respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los tres
primeros días de incapacidad laboral originada por enfermedad general, tanto en
el sector público como en el privado, y su monto no será diferente a las 2/3
partes del salario, esto es, el 66%.
A partir del cuarto día de
incapacidad y hasta por 180 días, el reconocimiento y pago de las incapacidades
corresponderá a la Empresa Promotora de Salud EPS.
En los casos de trabajadores que devengan el salario mínimo mensual
legal vigente, el monto de la prestación económica por incapacidad por
enfermedad común deberá ser igual al 100%.
¿Cuál es el monto del auxilio reconocido con posterioridad a la
incapacidad de origen común superior a 180 días?
Si la incapacidad a partir
del día 90 hasta completar los 180 corresponde al 50% del salario, el subsidio
devengado por un término máximo de 360 días calendario, en caso de concepto
favorable de rehabilitación, equivaldrá igualmente al 50% del salario.
¿Puede despedirse a un trabajador que se ausenta del trabajo sin
justificar la incapacidad?
Si el trabajador no informa
oportunamente al empleador de sus incapacidades ni las acredite mediante las
órdenes médicas de su EPS o ARP, podría tener aplicación lo establecido por el
numeral 4° del Artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual señala
que está prohibido a los trabajadores faltar al trabajo sin justa causa de
impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los
cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
¿Puede el trabajador justificar su ausencia al trabajo con una
incapacidad ordenada por un médico particular?
En el caso de las consultas
y/o tratamientos con médicos particulares, no adscritos a las EPS, las normas
que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no han
reglamentado nada respecto del tema de la trascripción de incapacidades o
tratamientos, razón por la cual, éstas se harán bajo los parámetros
establecidos por las EPS, según las oportunidades y mecanismos que determinen
su aceptación, situación que lleva a señalar que será la EPS quien entre a
determinar - en cada caso - las condiciones y aceptación de los certificados de
incapacidad o tratamientos emitidos los médicos particulares.
En consecuencia, las faltas del trabajador a su lugar de trabajo podrían
justificarse siempre que la EPS respectiva, transcriba las incapacidades
ordenadas por el médico particular, en caso contrario, podría quedar inmerso en
una causal de incumplimiento de sus prohibiciones u obligaciones.
¿Se puede despedir a un trabajador con una incapacidad de origen común
superior a 180 días? ¿Qué consecuencias se generan?
Es justa causa para dar por
terminado unilateralmente el contrato de trabajo, la incapacidad ininterrumpida
superior a 180 días, originada en enfermedad o accidente de origen común,
debiendo aclararse que para dichos efectos debe tratarse de una incapacidad que
haga imposible la prestación del servicio, es decir, que inhabilite al
trabajador para el desarrollo de sus funciones.
En este caso, para la
terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con una
anticipación no menor de 15 días calendario.
Así mismo, para terminar el contrato de trabajo de un trabajador con una
incapacidad de origen común superior a 180 días, el empleador deberá solicitar
previamente a la Dirección Territorial del Ministerio, el permiso para que
autorice el despido con los soportes documentales que justifiquen el mismo, de
forma tal que se tenga la certeza que el despido no obedece a su discapacidad;
y sólo en caso de incumplimiento del requisito señalado, el despido será
ineficaz, no produce ningún efecto, y por tanto, deberá entenderse que el
despido nunca se produjo, la relación laboral siempre continuó vigente, así
como las obligaciones salariales, prestacionales y frente al Sistema de
Seguridad Social se mantienen.
Pero además de la ineficacia del despido, el legislador claramente
señaló la obligación a cargo del empleador de asumir el pago de la
indemnización de perjuicios equivalente a 180 días de salario, y la
indemnización por despido sin justa causa, consagrada en la legislación
laboral.
¿Se puede terminar un contrato de trabajo a término fijo de un
trabajador con una incapacidad de origen común?
El contrato de trabajo a
término fijo es una de las modalidades que puede revestir el contrato laboral,
el cual se encuentra regulado en el Artículo 46 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por el Artículo 3º de la Ley 50 de 1990, el cual establece
que si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las
partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el
contrato, con una antelación no inferior a 30 días, éste se entenderá renovado
por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.
¿Cómo se pagan las incapacidades de origen profesional?
Conforme lo dispuesto en el
Artículo 3 de la Ley 776 de 2002, el afiliado tendrá derecho al pago de un
subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde
el día siguiente del que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de
su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su
incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte, que estará a cargo de la
Administradora de Riesgos Profesionales, y se reconocerá y pagará durante 180
días prorrogable por un periodo igual siempre que sea necesario para el
tratamiento o rehabilitación del afiliado.
Autor de la Entrada: Francia Berrio Acosta
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